La Defensoría del Niño exigió al Gobierno Nacional que entregue la medicación oncológica a menores

Milei
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La interrupción en la entrega de medicamentos oncológicos para menores, que ya se extiende por varios meses, ha llevado a la Defensora Nacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, a presentar un recurso de amparo judicial contra el Gobierno nacional. La acción exige que se garantice la provisión de tratamientos esenciales para niños y niñas con enfermedades de alta complejidad, cuya suspensión representa una grave vulneración de derechos.

En declaraciones a Splendid AM 990, Graham subrayó que lo único que se reclama es el cumplimiento de la ley vigente: “Esta es una vulneración de los derechos de los niños y adolescentes. Lo único que pedimos es que se cumpla lo que dicta la ley”. El amparo presentado en el Juzgado Federal N°2 insta al Estado a resolver expedientes administrativos atrasados y garantizar la provisión de medicamentos en un plazo máximo de 20 días.

Lo que resulta aún más indignante es que esta medida afecta a los sectores más vulnerables de la población mientras, en paralelo, el Gobierno ha adoptado decisiones que benefician a los sectores ultra concentrados de la economía, como la reducción de retenciones al agro. Este contraste evidencia una preocupante política de priorización que desatiende a los niños y niñas que dependen de estos tratamientos para sobrevivir, en favor de intereses económicos de los sectores más poderosos.

A pesar del amparo judicial, el oficialismo ha apelado la medida cautelardejando a miles de familias sin respuestas claras y a niños y niñas sin los medicamentos que necesitan con urgencia. Esta postura no solo contradice principios básicos de derechos humanos, sino que refleja una alarmante falta de sensibilidad hacia quienes más necesitan del Estado.

Mientras los sectores concentrados son favorecidos, los niños y niñas en situación de mayor vulnerabilidad quedan abandonados, demostrando una gestión que pone en evidencia sus prioridades y desestima el cumplimiento de derechos fundamentales.

Fuente: Primereando Las Noticias

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