El futuro de Cristian Medina, mediocampista de Boca Juniors, se encuentra en suspenso debido a una denuncia presentada por el club Xeneize ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El conflicto surgió a raíz de la forma en que el empresario Foster Gillett -el virtual privatizador de Estudiantes- efectuó el pago de la cláusula de rescisión de Medina, que estaba valorada en 15 millones de dólares.
El pago se realizó desde una cuenta personal de Gillett, lo que violaría el reglamento de la FIFA. En su artículo 18, la FIFA prohíbe que terceros involucren directamente sus recursos en la compra de los derechos de un jugador. Esta situación podría traer sanciones severas para las partes implicadas, que van desde multas hasta la inhabilitación de jugadores y clubes.
De confirmarse la irregularidad, el traspaso de Medina podría ser anulado temporalmente, hasta que se rectifique el procedimiento de pago. En caso de que se resuelva la cuestión, el futbolista podría unirse finalmente a Estudiantes con un contrato hasta mediados de 2025.
LOS NEGOCIADOS CON MILEI, EL ESTATISTA SELECTIVO
Este mismo domingo en que se desató el escándalo de Medina, se dio a conocer que el Gobierno de Javier Milei firmó un convenio con la Cancillería Argentina para enviar entrenadores de Estudiantes de La Plata a Jamaica, con todos los gastos cubiertos por el Estado. Según el acuerdo, pasajes, alojamiento, comidas y viáticos de los directores técnicos estarán financiados por el Gobierno Nacional, como parte del proyecto “Argentine-Caribbean Youth Football: Training of Trainers Programme”, que comenzará en abril de 2025.
El programa, que también involucra al polémico empresario Guillermo Tofoni, quien quiso quedarse de manera artera con la marca registrada de la Selección Argentina para explotar los productos ligados a la albiceleste, fue oficializado en la Embajada Argentina en Jamaica y cuenta con el respaldo de autoridades locales como la Ministra de Cultura de Jamaica, Olivia Grange, y dirigentes de la Jamaica Football Federation (JFF) y la Caribbean Football Union (CFU). El objetivo es promover la formación de entrenadores en el país caribeño.
El convenio se da en medio de la polémica por la postura del Gobierno de Milei, que había señalado en reiteradas ocasiones su rechazo a utilizar fondos del Estado para el financiamiento de actividades futbolísticas, lo que genera controversia en torno a la asignación de recursos públicos a un club privado.
