El Gobierno asegura que trabaja, sobre el cierre del año, en un proyecto de reforma tributaria amplia que incluya la simplificación del sistema impositivo y cambios en los regímenes existentes para enviar al Congreso en 2025 e intentar discutirlo en el parlamento a lo largo del año electoral. El Poder Ejecutivo tiene como objetivo declarado igualar las condiciones tributarias que ofreció en el RIGI para el resto de la economía, pero en una secuencia que todavía no tiene una hoja de ruta clara.
En el Ministerio de Economía señalaron que el trabajo es preliminar, que todavía se lleva adelante a nivel técnico y que tendrá como lineamiento principal el ordenamiento del sistema para eliminar impuestos que tienen menos peso en la recaudación. La iniciativa fue anticipada a un grupo de diputados por parte del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, durante la discusión del proyecto de Presupuesto 2025, que indicó que la meta a grandes rasgos será equiparar para el resto de la economía lo que hoy son beneficios tributarios para las empresas que ingresen al RIGI.
La secuencia de baja de impuestos todavía no está determinada, aunque en el Gobierno anticipan que solo podrá tener lugar en la medida en que continúe el superávit fiscal y que la economía enhebre meses de crecimiento en la actividad que haga crecer la recaudación. En 2025, no obstante, el equipo económico necesitará no descuidar los ingresos tributarios porque dejará de contar con el impuesto PAIS, que este año habrá representado una recaudación equivalente a algo más de 1% del PBI.
En los despachos oficiales aseguran que el trabajo técnico está en marcha, pero los tiempos políticos aplazarán la discusión hasta el año que viene. El Gobierno todavía no definió la agenda parlamentaria para sesiones extraordinarias, no está claro aun si se discutirá el Presupuesto 2025 o será prorrogado nuevamente, y además el año próximo, al ser electoral, suele tener una actividad menor en el Congreso.
El propio proyecto de presupuesto preveía “la revisión de esquemas tributarios y la eliminación de imposiciones que distorsionan el mercado, fomentando así la competitividad y facilitando la inversión privada”. El Poder Ejecutivo había hecho una primera promesa a principios de año para enviar al Congreso una iniciativa en este sentido en 2024, pero finalmente se decidió postergarlo para el año próximo.
El presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo reiteraron en distintas oportunidades que los dos primeros tributos en la mira para actuar serán los derechos de exportación y el impuesto al cheque, aunque no está claro el alcance y la profundidad que tendría una medida de este tipo. Menos aún el timing que podría tener.
El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) publicó un documento hace algunos meses con una propuesta de reforma fiscal integral para reordenar el esquema impositivo, con lineamientos que incluyen cinco puntos principales. En primer lugar, que exista un impuesto a las ganancias de administración nacional, con una alícuota suplementaria provincial.
En segundo lugar, que haya dos impuestos al consumo general, uno de administración nacional (que seguiría siendo el IVA) y otro provincial (impuesto a las ventas finales, IVF). Además, un impuesto a consumos específicos que sirva para unificar impuestos internos y combustibles, hoy divididos. Un impuesto al patrimonio que tenga como característica que pueda tomar como pago a cuenta los impuestos provinciales a inmuebles y automotores. Y por último, “una limitación concreta y cumplible que garantice que las tasas municipales estén relacionadas con contraprestaciones específicas y no generales”.
En el sector privado una propuesta de reforma de los últimos meses fue la que realizaron las empresas integrantes de IDEA, que sostuvieron la necesidad de avanzar hacia la eliminación de impuestos que consideran distorsivos como “derechos de exportación, los altos aranceles de importación, el impuesto a los créditos y débitos, el impuesto PAIS, el impuesto sobre los ingresos brutos”, listaron.
Datos de Iaraf citados por IDEA aseguraron que existen “más de 150 tributos entre los tres niveles de Gobierno de los cuales hay 12 que generan el 95% del total de la recaudación, dejando en evidencia la baja productividad de los restantes”. Esa entidad empresaria pidió eliminar a nivel nacional los derechos de importación y el impuesto al cheque, pero hizo especial énfasis en la presión tributaria provincial y municipal.
La Fundación Mediterránea, a través de su Programa de Asistencia al Poder Legislativo (PAL), una oficina dedicada a examinar proyectos de ley y hacer propuestas, sostuvo que para el caso de las retenciones sería necesario establecer una “reducción gradual de alícuotas para todos los productos, evitando distorsiones sectoriales”, junto con una “compensación fiscal vía mayor recaudación en Ganancias y eliminación de la exención de inmuebles rurales en Bienes Personales”. Y en ese sentido sostuvieron que se debería “evitar trato preferencial según tamaño de empresa o región, para mayor transparencia”.
Fuente: Infobaes
