A 14 años de la Ley Nacional y Provincial de Salud Mental, continúa el reclamo por la implementación efectiva de ambas legislaciones. Este año, el Observatorio de Salud Mental y DD.HH. de la UNC reportó que la inversión para los programas del sector sufren desde 2015 un ajuste “permanente y bajo cualquier circunstancia general”, que ya supera el 50%.
“Hoy estamos a 14 años de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental, y también de la legislación provincial, pero todavía no se han producido los avances que deberían existir respecto a esto. De hecho, en la provincia de
Córdoba son muy tímidos dichos avances”, dice a La Nueva Mañana Solana Yoma, doctora en psicología, docente de la UNC y parte del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) que este año reportó que la inversión en los programas vinculados a salud mental y consumos problemáticos en la provincia sufrieron un ajuste de más del 50% en el presupuesto. Desde 2015, el gasto en el sector “tiene una tendencia a la baja de manera permanente y bajo cualquier circunstancia general” plantea el informe.
Presupuesto en picada
El estudio sobre los avances de la ley de Salud Mental en Córdoba en medio del ajuste fue realizado por los docentes e investigadores de la UNC Iván Ase y Jaschele Burijovich, ambos del Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública (IIFAP) de la Facultad de Ciencias Sociales, quienes analizaron que entre el 2015 y 2024, no sólo el gobierno provincial no asignó nuevos recursos -lo que mantuvo el gasto provincial en salud mental por debajo de los estándares internacionales-, sino que “tampoco recondujo” los ya asignados hacia dispositivos orientados por la Ley 26.657.
Es decir, que ante el cierre de instituciones monovalentes -como el hospital Vidal Abal, Hospital Santa María e Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción (IPAD)-, en vez de transformarlos en espacios que brinden una atención integral a las y los usuarios de los servicios de salud mental, directamente se cerraron sin reasignar esas partidas.
En esa línea, Ase y Brijovich consignan que “la evidencia más tangibles del espíritu reformista del Gobierno de la Provincia” sería la apertura de “algunas camas” de internación para salud mental en hospitales generales. Algo, sin dudas, insuficiente. Por lo que más presupuesto y la implementación efectiva de la ley, siguen en espera.
La salud mental como hecho comunitario
En la ciudad de Córdoba hay 100 centros de salud, pero solamente hay 24 psicólogos y psicólogas trabajando en ellos. Es decir que solo un cuarto de la población de Córdoba puede tener atención en los servicios de psicología en el sector público. En tanto, que los trabajadores sociales son menos: para todo el sistema en la Ciudad solo hay 19 contratados.
“La primera atención es prioritario que se refuerce porque muchos padecimientos de personas terminan en el hospital, pero podrían solucionarse en el primer nivel de atención, en los centros barrios, dispensarios, consultorios barriales, eso es mucho menos onerosos que sostener una estructura hospitalaria y dejaría los hospitales para situaciones que requieren mayor complejidad”, dice a La Nueva Mañana Martín Passini, licenciado en Psicología y también parte del Observatorio de Salud Mental y DD.HH. que monitorea las prácticas y políticas públicas en la materia, en Córdoba.
En ese marco, para Passini la atención en salud mental en el primer nivel de atención “es deficiente” en el sentido que tiene que hacerse no solo en el consultorio sino desplegando una serie de políticas en los territorios: “Los equipos hacen todo lo mejor posible, pero en términos de estructuras, asignación de recursos, de promoción de políticas que articulen no solo en la salud mental sino el acceso a otros derechos, es necesario que el Estado aplique una batería de políticas que refuercen la salud mental de manera transversal”.
En esa misma línea, Yoma agrega que cuando se habla del primer nivel de atención, también se habla de la necesidad que hayan equipos interdisciplinarios completos en todos los territorios para poder hacer acompañamiento en estas temáticas de salud mental en las condiciones en que se generan.
Para ello, también es vital que las y los trabajadores estén bien remunerados y que las condiciones laborales sean dignas ya que el pluriempleo al que se someten las y los trabajadores de Salud por la crisis económica, afecta también la calidad de atención. El trabajo en salud mental requiere además mucho compromiso, mucha presencia y mucho acompañamiento por parte de los profesionales, los cuales muchas veces tienen remuneraciones por abajo de la línea de pobreza.
“Por un lado, hay una idea despolitizada y de bienestar individual respecto a cómo se concibe la idea de salud mental, pero hay otra perspectiva, que la pensamos como una construcción profundamente política, que tiene que ver con una idea de que el malestar es colectivo y nos atraviesa como sociedad y por lo tanto está vinculado, no solo con cuestiones individuales, con los microespacios donde cada uno se mueve, vive, se vincula con otros, sino también
con el espacio social, con lo político, con el ejercicio de derechos”, dice Passini y agrega es importante pensar a la salud mental como un derecho que se entrelaza y construye en ese tejido de ejercicio de otros derechos como el económico sociales, culturales.
Se entiende que el malestar vinculado a la vida social, a la situación económica, política, a la proliferación de los discursos que excluyen, de discursos y políticas que producen odio, miedo, alejamiento, desconexión entre las personas, impacta en las condiciones de salud mental de las personas.
“Por lo tanto, creemos que la intervención necesaria, posible, no se tiene que limitar a la individual si no que tiene que estar pensando desde una construcción también colectiva”, subraya el psicólogo.
“Manicomios” y la vulneración de derechos
“El plazo para la sustitución de los manicomios, de acuerdo a la ley, era el año 2020 y estamos a 2024 y siguen existiendo instituciones manicomiales públicas y privadas en la provincia donde suceden gravísimas vulneraciones a los derechos humanos de las personas”, plantea Yoma y agrega que ahí surge otro reclamo que tienen que ver con las vulneraciones de derechos de las personas internadas y sobre todo de situaciones que configuran torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes que producen en estas instituciones y que incluso han acabado con la vida de algunos jóvenes u otras personas que estaban internadas.
Tal como es el caso de Ezequiel Castro de 21 años, por ejemplo, que murió hace ocho meses luego de pasar por el Centro Psico Asistencial (CPA) -que depende de la Secretaría de Salud Mental-, donde recibió maltratos y su cuerpo presentaba signos compatibles con tortura. Por esta causa, hay cerca de 26 personas investigadas entre personal de salud y de las fuerzas de Seguridad, ya que su detención ocurrió bajo un procedimiento dudoso.
A la lista, se suma el caso de Matías Mariño, quien tras ser alojado en el CPA, terminó en estado vegetativo. Antes de eso, le contó a su familia que recibió malos tratos, sobremedicalización y torturas. A dos años de lo ocurrido, Matías no habla, no puede comer por sus propios medios ni moverse de la cama, sigue necesitando costosos tratamientos que apenas está recibiendo porque su familia no puede costearlos.
Por otro lado, Dolores Sepúlveda Broky, de 45 años, murió mientras estaba internada en el Neuropsiquiátrico de barrio Juniors, en noviembre de 2023 en circunstancia que hasta el día de hoy ni el hospital ni la Justicia han podido explicar y cinco meses antes de esa muerte murió el 9 de junio de ese año, Julieta Amaya, de 27 años. Su fallecimiento fue en el Neuropsiquiátrico de Córdoba mientras estaba esposada y con custodia policial. Estás sólo son algunas.
“Muchas de las muertes no son investigadas y al ocurrir en instituciones de encierro, sobre personas que estaban privadas de su libertad, el Estado es responsable porque esas personas estaban a su cuidado. Por lo tanto, desde el Colectivo que organiza la Marcha por el Derecho a la Salud Mental -que se realizó este viernes en Córdoba- reclamamos que cesen las situaciones de violencia y abuso en estas instituciones sino también que se puedan investigar estos casos y pueda haber justicia por las personas que sufrieron terribles atrocidades en las internaciones de salud mental”, cierra Yoma. Eso también puede dar paz y salud mental a las familias que no son escuchadas y siguen reclamando justicia.
Fuente: La Nueva Mañana
