El Sindicato de Empleados Públicos (SEP) de Córdoba ha decidido profundizar sus medidas de protesta ante lo que consideran una respuesta insuficiente del Gobierno Provincial para asegurar condiciones salariales justas y adecuadas en medio de una inflación creciente. El conflicto, que afecta a trabajadores activos, jubilados y pensionados, también responde a los sucesivos aumentos de la obra social APROSS, que generan un impacto adicional en el bolsillo de los afiliados.
En un comunicado difundido el 13 de noviembre de 2024, el SEP anunció un calendario de medidas de acción directa para las próximas semanas. El sindicato iniciará protestas simultáneas el 15 de noviembre, con actos tanto en la capital como en el interior de la provincia. A estas manifestaciones se sumará un paro activo con movilización previsto para el miércoles 20 de noviembre, en el cual se espera una gran adhesión de trabajadores.
Reclamos y demandas del SEP
La Comisión Ejecutiva del SEP detalló que la protesta no solo apunta a la mejora del salario básico, sino también a exigir que los aumentos no remunerativos se incorporen al salario en blanco para sostener beneficios a largo plazo, como las jubilaciones. Sergio Castro, secretario general del sindicato, señaló que “es imperativo que el Gobierno reconozca el impacto de la inflación sobre los sueldos de los empleados públicos” y que no se sigan sumando “cargas adicionales con los aumentos de APROSS”.
En respuesta a estas tensiones, el sindicato ha mantenido constantes asambleas informativas y ha reforzado el quite de colaboración en distintas áreas, como muestra de la amplia disconformidad y necesidad de acción.
“El sindicato es la única herramienta de los trabajadores para la defensa de sus derechos”
Este lema ha sido el eje del llamado a la movilización, ya que el SEP sostiene que, en tiempos de inflación y ajustes, es indispensable defender el salario digno y rechazar medidas que reducen el poder adquisitivo de los trabajadores. Además, el SEP adhiere al paro general convocado por la CGT, en rechazo a políticas que consideran perjudiciales para los empleados públicos y la clase trabajadora en general.
