El Gobierno nacional decidió avanzar en contra de varios fondos fiduciarios destinados a proveer herramientas y financiamiento para resolver emergencias ambientales y sociales. En ese sentido, disolvió este martes mediante el Decreto 888/2024, el Fondo Nacional de Emergencias, el Fondo Fiduciario Progresar y el Fondo de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, para lo cual implementó los mismos argumentos de supuesta ineficacia -aunque no aportó ninguna prueba al respecto de tal acusación-.
La medida llevada adelante por el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, determinó el cierre tras un supuesto “proceso de revisión”, en el que acusaron que los tres fondos fiduciarios “evidenciaron ineficiencias en su implementación”.
Lo cierto es que pesar de los argumentos esgrimidos en el decreto, la evidencia ante cada cierre de organismo o reducción presupuestaria, es una clara señal de decisión política que, en búsqueda del equilibrio fiscal y la noción de la ausencia total del Estado, ajusta y recorta en jubilados, salud, educación, ciencia, desarrollo local, medioambiente y sectores populares.
La decisión es consecuente con la Ley Bases, en la que se establece que “el Ministerio de Economía propondrá al Poder Ejecutivo Nacional, según corresponda, la modificación, transformación, unificación, liquidación o disolución de los fondos fiduciarios públicos”.
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El Fondo Nacional de Emergencias tenía el objetivo de financiar acciones de respuesta ante determinadas emergencias que afectaran al país. Sin embargo, para justificar su cierre, la cartera que conduce Caputo sostuvo que “este fondo nunca llegó a ponerse operativo ni contó con presupuesto asignado”
Por su parte, el Fondo Fiduciario Progresar fue creado para financiar acciones del “Programa de respaldo a estudiantes argentinos”, en el ámbito del ex Ministerio de Educación. Desde la cartera económica dijeron que “al igual que el Fondo Nacional de Emergencias, nunca llegó a implementarse”.
El Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (FOBOSQUE), fue creado para financiar medidas de protección de los bosques, “en el marco de la contribución nacional, de conformidad con la voluntad del Estado Nacional manifestada en el Acuerdo de París”.
En el documento oficial se indicó que parte de los recursos que abastecían al FOBOSQUE “provendrían del 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondiente al año anterior del ejercicio en consideración”.
A pesar de esta premisa, el Gobierno expuso que eso no fue reflejado en los presupuestos nacionales de los últimos años (2021, 2022 y 2023) y aportó que “del Informe de Auditoría realizado al efecto por la SIGEN surgen importantes observaciones respecto del desenvolvimiento del referido Fondo”.
En este aspecto, desde Economía indicaron que la auditoría “puso en evidencia debilidades en los registros, mostrando un déficit de capacidad institucional y logística de las jurisdicciones, así como también la inexistencia de indicadores claros sobre la gestión realizada”.
