El gobierno de Milei está avanzando con un plan que amenaza con desmantelar sectores estratégicos para el desarrollo tecnológico y soberano de Argentina, como ARSAT, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Estas áreas, claves para la autonomía en telecomunicaciones, el desarrollo espacial y la energía nuclear, están siendo severamente afectadas por políticas de ajuste y vaciamiento, que parecen priorizar la reducción del gasto público por encima del interés nacional.
En ARSAT, la estrategia parece enfocarse en el desgaste gradual de una empresa pública que no solo es rentable, sino que desempeña un papel fundamental en la infraestructura de telecomunicaciones del país. Según Claudio Marín, secretario general del sindicato de telecomunicaciones FOETRA, los salarios en la empresa no se ajustan desde diciembre, lo que ha provocado una pérdida del 52% del poder adquisitivo debido a la inflación. Este deterioro salarial no tiene comparación en otras áreas del sector público y parece una maniobra deliberada para generar un éxodo de trabajadores, facilitando un vaciamiento progresivo de la compañía.
La falta de pago de aumentos salariales ya acordados muestra el desinterés del gobierno por mantener en pie una empresa estratégica, a pesar de que ARSAT genera importantes ganancias y provee servicios esenciales al Estado y a las provincias. A medida que los trabajadores se ven forzados a dejar sus empleos por las malas condiciones laborales, el futuro de la empresa queda cada vez más comprometido.
La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), otro pilar de la soberanía tecnológica argentina, también está sufriendo el abandono por parte del gobierno. CONAE lleva más de ocho meses sin directorio, lo que ha paralizado varios proyectos claves, como el desarrollo del lanzador Tronador II y los satélites de observación terrena. Argentina ha sido un referente en Sudamérica en la actividad espacial durante décadas, con colaboraciones internacionales de alto nivel, incluyendo acuerdos con la NASA y la Agencia Espacial Europea. Sin embargo, la falta de nombramientos y recursos está poniendo en riesgo esta posición de liderazgo.
A pesar de las reiteradas denuncias ante organismos internacionales y nacionales, como la OIT y el Ministerio de Trabajo, el gobierno no ha dado respuesta a los reclamos de los trabajadores de CONAE y VENG (subsidiaria de la CONAE). Esta actitud refleja una clara intención de desmantelar un equipo altamente especializado, difícil de reemplazar, que ha sido clave para los avances tecnológicos del país. La situación es tan crítica que incluso la operación de satélites en órbita está en peligro, debido a la falta de fondos y personal capacitado para su mantenimiento.
La situación en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) es igualmente grave. El proyecto del reactor nuclear CAREM, que colocaría a Argentina a la vanguardia de los reactores nucleares modulares (SMR) a nivel mundial, está detenido por falta de financiación. Este proyecto, que está completado en un 85%, requeriría entre 200 y 300 millones de dólares para finalizarse, pero el gobierno ha optado por priorizar el ajuste fiscal, paralizando las obras y despidiendo a más de 230 trabajadores. Esto no solo afecta a la industria nuclear argentina, sino que también compromete su capacidad de competir en un mercado global emergente, donde los reactores modulares tienen un enorme potencial.
La paralización del CAREM ha generado protestas de los sindicatos involucrados, como ATE, UOCRA y Luz y Fuerza, quienes advierten que el gobierno está atacando no solo a los trabajadores, sino también a la ciencia y tecnología nacional. A nivel internacional, el reactor CAREM está considerado como uno de los más avanzados en construcción, compitiendo con proyectos en China y Rusia, lo que subraya la importancia estratégica de este desarrollo. Sin embargo, el gobierno de Milei parece ignorar estas oportunidades, enfocándose en recortes de gastos que ponen en riesgo décadas de avances en el campo nuclear.
El plan de ajuste del gobierno de Javier Milei también incluye la venta de IMPSA, una empresa insignia del desarrollo industrial argentino, especializada en la generación de energía y tecnología avanzada. El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, busca vender el 21% de las acciones de la provincia a Nación, lo que abre la puerta a su eventual privatización y venta a intereses extranjeros.
IMPSA es una empresa estratégica que compite a nivel mundial en proyectos hidroeléctricos, turbinas, reactores nucleares y otras soluciones tecnológicas, y su privatización pondría en riesgo la soberanía tecnológica del país. Hoy, la Nación posee el 63,7% de las acciones, Mendoza el 21,2%, y el resto está en manos privadas. Cornejo ha impulsado una ley para avanzar con esta venta, alegando que IMPSA es deficitaria, aunque expertos y trabajadores aseguran que es una mentira, subrayando la importancia de la empresa para el desarrollo energético y tecnológico del país.
IMPSA es una empresa estratégica que compite a nivel mundial en proyectos hidroeléctricos, turbinas, reactores nucleares y otras soluciones tecnológicas, y su privatización pondría en riesgo la soberanía tecnológica del país. Hoy, la Nación posee el 63,7% de las acciones, Mendoza el 21,2%, y el resto está en manos privadas. Cornejo ha impulsado una ley para avanzar con esta venta, alegando que IMPSA es deficitaria, aunque expertos y trabajadores aseguran que es una mentira, subrayando la importancia de la empresa para el desarrollo energético y tecnológico del país.
Esta empresa ha sido clave en la construcción de equipamiento para YPF, como los hornos para la refinería de Luján de Cuyo, y es una de las pocas empresas del mundo con capacidad para desarrollar turbinas, grúas pesadas y reactores. Además, ha participado en programas estratégicos, como la modernización de los tanques TAM 2C-A2 del Ejército Argentino. Sin embargo, la privatización genera dudas sobre la continuidad de estos proyectos estratégicos, fundamentales para la defensa y el desarrollo del país.
La venta de IMPSA no solo representa una pérdida para los mendocinos, sino que coloca a Argentina en una situación de mayor dependencia tecnológica y energética del exterior. La falta de visión del gobierno y su enfoque en la reducción de costos a corto plazo pone en riesgo el futuro de una empresa que es irremplazable por su expertise y proyección global.
El desinterés del gobierno de Milei por los sectores estratégicos del país, como ARSAT, CONAE y la CNEA, revela una visión cortoplacista que prioriza la reducción del déficit fiscal a cualquier costo, incluso si eso implica el desmantelamiento de áreas clave para el desarrollo y la soberanía tecnológica de Argentina. Estos sectores no solo generan empleo y desarrollo económico, sino que son vitales para mantener la autonomía en áreas tan sensibles como la energía, las telecomunicaciones y el desarrollo espacial.
El enfoque del gobierno no solo pone en peligro los proyectos actuales, sino también la capacidad futura del país para competir en mercados globales de alta tecnología. La falta de una estrategia que contemple la importancia de la ciencia y la tecnología a largo plazo podría tener consecuencias devastadoras para las futuras generaciones de profesionales y para el crecimiento económico de Argentina.
Fuente: Primereando Las Noticias
