En un acontecimiento que marca un precedente, organizaciones de la sociedad civil de Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia han unido fuerzas para presentar una queja formal ante la OCDE en Berlín contra la corporación Bayer, denunciando los severos impactos ambientales y violaciones a los Derechos Humanos derivados de sus prácticas en la agricultura industrial en el Cono Sur de América Latina.
El caso emblemático en Argentina, ubicado en el barrio Villa Alicia de Pergamino, ilustra los efectos devastadores del glifosato, un herbicida ampliamente utilizado en la producción de soja genéticamente modificada. Sabrina Ortiz, una residente de la zona, sufrió dos accidentes cerebrovasculares y la pérdida de un embarazo de cinco meses debido a la exposición a este químico en el agua y el aire. A pesar de haberse mudado, ella y sus hijos siguen viviendo con los efectos del glifosato en sus cuerpos. Esta situación ha dado lugar a una acción legal que implicó el procesamiento de tres productores rurales y dos funcionarios municipales de Pergamino.
En Paraguay, la situación es igualmente alarmante. Rubén Portillo, un joven campesino de 26 años, falleció tras ser envenenado por las fumigaciones de soja cerca de su hogar en Colonia Yerutí Ñu. La negligencia de las empresas agrícolas, que lavaban sus equipos de fumigación en un arroyo local, provocó una intoxicación masiva en la comunidad, resultando en numerosas hospitalizaciones y finalmente en la muerte de Rubén. Este caso resalta la desprotección de las comunidades rurales frente a los poderosos intereses de la agroindustria.
En Brasil, la expansión de la producción de soja ha tenido un impacto devastador en las comunidades indígenas. La investigadora Larissa Bombardi documentó más de 3700 casos de intoxicaciones entre 2007 y 2014 en el estado de Paraná, donde los indígenas son desproporcionadamente afectados por los productos químicos agrícolas. Las aldeas ava-guaraníes en esta región, por ejemplo, enfrentan no solo la exposición a pesticidas, sino también un acoso constante por parte de los fazendeiros (terratenientes), quienes utilizan los plaguicidas como armas químicas para intimidar y desplazar a las comunidades.
Bolivia, que se encuentra entre los países con las tasas más altas de deforestación de bosque primario, ha visto cómo la expansión del cultivo de soja ha devastado vastas áreas de su Amazonía. Desde 2011, al menos 2,6 millones de hectáreas han sido deforestadas, de las cuales un cuarto fue destinado a la producción de soja. La Fundación TIERRA, una de las organizaciones involucradas en la queja, enfatiza que esta deforestación tiene consecuencias irreparables para el medio ambiente y las comunidades locales.
La queja presentada ante la OCDE no solo denuncia a Bayer por su producción y distribución de semillas de soja genéticamente modificadas y plaguicidas a base de glifosato, sino que también exige que la empresa asuma la responsabilidad por los daños causados y se someta a una mediación sobre sus políticas de debida diligencia y obligaciones extraterritoriales. Esta acción coincide estratégicamente con la asamblea anual de accionistas de Bayer, lo que presiona a la empresa a responder a estas graves acusaciones.
Las organizaciones que presentaron la queja argumentan que Bayer, al igual que otras grandes corporaciones agroquímicas, está maximizando sus beneficios económicos a costa de la salud y el bienestar de las poblaciones del Cono Sur, así como de la integridad del medio ambiente. En lugar de cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos y ambientales, estas empresas están explotando los recursos naturales y las comunidades vulnerables, sin considerar los impactos negativos a largo plazo.
La demanda busca que Bayer acepte una mediación que garantice un desarrollo sostenible, respetuoso con el medio ambiente y con los derechos de las personas afectadas. Las organizaciones subrayan que este es solo el comienzo de una lucha más amplia para responsabilizar a las corporaciones por sus acciones y para proteger los derechos de las comunidades que están siendo devastadas por la expansión de la agricultura industrial en Sudamérica.
Este esfuerzo conjunto no solo pone de relieve las injusticias sufridas por las poblaciones del Cono Sur, sino que también llama la atención del mundo sobre la urgente necesidad de reformar las prácticas de las grandes empresas agroquímicas y de garantizar que el desarrollo económico no se logre a expensas de la vida humana y del planeta.
Fuente: Tiempo Argentino
