Finalmente se sancionó la llamada Ley Bases. Contiene las “herramientas” que el gobierno exigió para reformular la vida nacional. Y lo hará, por supuesto. De hecho, lo viene haciendo.
Como no está quedando claro a qué se refiere, realicemos un breve apunte al respecto.
A través de la normativa aprobada esta madrugada, las autoridades pueden desfinanciar o eliminar los recursos destinados a la promoción científica y tecnológica, a la infraestructura regional, al transporte eléctrico, al transporte en general, a la infraestructura hídrica, a los hogares con garrafa, a los planes de vivienda, al control del fuego y el cuidado de los bosques, a la seguridad aeroportuaria, a la salud pública, a los emprendedores, a la agroindustria, a la integración socio urbana, a la economía del conocimiento.
Todos esos dispositivos funcionaron bien y representan un porcentaje bajo del presupuesto nacional. No se registraron irregularidades, más allá de las campañas mediáticas que instalaron esa narrativa. La reducción o eliminación de esos rubros implicará, entre otras cosas, un retroceso social muy intenso. El núcleo objetado por las organizaciones sociales es el referido a la integración socio urbana.
La Ley, además, implica una suba en el denominado impuesto a las ganancias y hasta un 400 por ciento de aumento en el pago de los monotributistas. Habrá una baja impositiva para la cúspide económica. Se podrán despedir empleados públicos, se introduce un período de prueba de seis meses en las firmas privadas, se crea un fondo de cese laboral en detrimento de las indemnizaciones, y se autoriza la cancelación de obras públicas.
En sintonía, contiene un amplio beneficio para las grandes empresas a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Las reglas del régimen permiten a los “inversores” recaudar un porcentaje de las exportaciones dos años después del inicio de la inversión: el 20% en el segundo año, el 40% en el tercer año, y el 100% a partir del cuarto año.
Entre lo aprobado por el Congreso figura también un nuevo régimen de regularización de bienes y activos no declarados, que estará vigente desde la promulgación de la ley hasta el 30 de abril de 2025, con una posible prórroga hasta el 31 de julio del mismo año. Este régimen permitirá a las personas que posean capitales fuera del control del Estado adherirse al blanqueo de esos activos.
Según el presidente Javier Milei, esta Ley eliminará las “cajas de la política” y fomentará el “avance” hacia “un cambio de régimen monetario”.
La Argentina ha resuelto achicarse de modo drástico. El dinero que genera la sociedad y recauda el Estado no será reinvertido en la sociedad, sino que quedará a disposición del gobierno. Ahora, habrá debates y objeciones puntuales, pero en su conjunto, la nueva forma legal disparará un agudo deterioro social. No se trata de un anticipo inferido por la lectura ideológica, sino de un diagnóstico sencillo y matemático.
Los medios concentrados señalan por estas horas, sin fundamento, que la Ley sancionada afectará a la casta política.
