En estas horas se está terminando de definir la letra fina del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que declarará la emergencia ferroviaria nacional, a un mes del choque de trenes en Palermo. Será una herramienta legal fundamental para avanzar con la desarticulación del sistema público de transporte, la reorganización financiera de las empresas estatales y el despido de decenas de empleados. El objetivo es dejarlas en las condiciones que los inversores exigen para la privatización. Las tarifas seguirán pisadas.
El decreto, que aguarda la firma del presidente Javier Milei, define el escenario de emergencia por 2 años con la posibilidad de prorrogarlo por otros 2 años más. “Implica la reorganización del sistema. Es optimizar los recursos de las empresas, tanto económicos como en la dotación de personal, agilizar los procesos administrativos de compras y contrataciones”, adelantó el secretario de Transporte, Franco Mogetta.
En la Secretaría dicen contar con estudios que avalan el despido masivo de empleados en nombre de la eficiencia. Según los análisis que vocean, hay 8.000 trabajadores que deberían ser echados en los próximos meses en virtud de la cantidad de pasajeros que transportan las unidades ferroviarias. En Casa Rosada, en tanto, sostienen que Trenes Argentinos “tiene 33.000 empleados y debería funcionar con 3.000”. La principal dificultad que encuentra el Gobierno para avanzar con el plan es la falta de recursos habilitados por el ministro de Economía, Luis Caputo, para pagar tamaña cantidad de indemnizaciones.
El principal límite para avanzar a toda máquina con el plan es económico y político. La necesidad de mantener un rumbo de desinflación prima a la hora de definir el aumento del pasaje. En Transporte consideran que los valores que pagan hoy los usuarios corresponden al 10% del valor real del pasaje pero señalan que Caputo pisa cualquier nuevo tarifazo. Hoy los viajes oscilan entre los 200 y 320 pesos.
Además sostienen que las empresas están endeudadas en hasta 100 millones de dólares. El decreto habilitará a Trenes Argentinos a renegociarlas y revisar o suspender contratos con proveedores.
En medio del ajuste total a la obra pública, el DNU instruye a todas las firmas públicas del sector a presentar en 15 días una propuesta de medidas indispensables y urgentes que resguarden la seguridad operativa de la prestación del servicio. Las empresas deberán priorizar con ese énfasis el esquema de obras, trabajos, capacitaciones y contrataciones de aquí en adelante.
“Prácticamente está terminado el proyecto de decreto. Le estará llegando en la brevedad al Presidente para su firma”, ratificó Moguetta. Aseguran que es inminente la publicación en el boletín oficial. En Rosada entienden que es, junto con la Ley Bases, un paso fundamental para lograr la privatización de las líneas ferroviarias. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que ya hay firmas privadas interesadas en hacerse de los trenes pero antes el Gobierno deberá dejarlas en las condiciones que los privados exigen: “En la situación en que están los ferrocarriles no hay quien los compre. Hay fondos importantes interesados de distintas nacionalidades con mucha inversión”.
En el proyecto que buscará ser sancionado con modificaciones el miércoles en el Senado se encuentran las empresas Belgrano Cargas y Ferrocarriles Argentinos en el listado a privatizarlas completamente. Esta última opera las líneas Sarmiento, Mitre, Roca, San Martín, Belgrano Sur y el Tren de la Costa.
El 85% de los usuarios de trenes en el AMBA lo hacen en líneas gestionadas por el Estado, el 25% restante está concesionado a privados. En total en 2023 viajaron en tren alrededor de 480 millones de personas. Además de las líneas metropolitanas Trenes Argentinos brinda los servicios de larga distancia a Mar del Plata, Bahía Blanca, Bragado, Rosario, Córdoba, entre otras.
Fuente: El Destape