El miércoles pasado, miles de personas se movilizaron en distintos puntos del país convocadas por el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de detener un decreto del gobierno nacional que busca desregular las prestaciones para este sector. La medida, promovida por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dirigida por un abogado cercano a Javier Milei, permitiría a las prepagas y obras sociales establecer libremente los costos de las prestaciones sanitarias, desplazando la responsabilidad regulatoria del Estado.
El proyecto, que se presentará mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), propone que las prestaciones financiadas por organismos públicos, reguladas por la Ley 24.901, “se fijarán de forma independiente a los valores arancelarios de las prestaciones incorporadas o a incorporar en el nomenclador de prestaciones básicas”. Este cambio implicaría que solo quienes puedan costear los servicios tendrían acceso a ellos, dejando desprotegidos a millones de personas con discapacidad que dependen de la cobertura estatal o de obras sociales para recibir atención.
El proyecto del gobierno busca eliminar el Sistema Único de Prestaciones Básicas, un nomenclador que establece precios uniformes para obras sociales, PAMI e Incluir Salud, garantizando así el acceso igualitario a los servicios. La desregulación permitiría que cada organismo financiador establezca el arancel que considere conveniente, generando una marcada desigualdad en la calidad de los servicios ofrecidos. “De efectivizarse esta medida, se agravará la ya importante crisis económica de los prestadores categorizados que tienen que cumplir con una serie de exigencias impuestas por el Estado”, advirtió el Foro Permanente en un comunicado.
Rosana Morales, madre de un joven con discapacidad, expresó a Página 12 que el proyecto del gobierno “dejaría desprovistas a las personas con discapacidad que cuentan con la cobertura del Estado. Quienes puedan pagar servicios privados, podrán continuar con sus terapias”, reclamó. Morales, representante de la Asociación de Familias, Personas con Discapacidad y Prestadores por la Inclusión (Afapprei), añadió que las prestaciones por discapacidad han ido deteriorándose con el tiempo, con el gobierno pagando tarde y mal, lo que dificulta la continuidad de los servicios.
Morales también destacó que la eliminación del monotributo social afectaría gravemente a las personas con pensión o sin obra social, dejándolas sin acceso a atención médica. “Muchas madres están sacando a sus hijos del monotributo social y solo dejan a los niños que tienen discapacidad para poder hacer frente a los costos. Y toda esa gente queda fuera del sistema”, comentó.
En un contexto donde 8 de cada 10 personas con discapacidad están en condiciones de vulnerabilidad económica, la desregulación propuesta podría empeorar significativamente su situación. “No vamos a poder atender a los chicos. Nos están poniendo en una situación límite. Ya hoy es difícil costear las prestaciones y, con estas modificaciones que quieren imponer, no lo vamos a poder sostener”, afirmó Morales.
Por su parte, Juan Pérez Brancatto, presidente de la Asociación de Transportistas y Amigos de Educación Capacidades Distintas (ATAECaDis), junto con Mariana y Lorena, madres de niños con discapacidad, dialogaron con C5N sobre la situación. “El Gobierno redactó un decreto, que ya pasó por el área de Legal y Técnica, que lo que haría es desregular el sistema, que hoy en día tiene un arancel único que se fija en el directorio único de prestaciones básicas, permitiendo una universalidad de prestación”, explicó Pérez Brancatto.
Mariana expresó: “Lo que se siente es desesperación, nuestros hijos dependen de este sistema para tener sus terapias, sus maestras, sus acompañantes. Nos tienen con la espada de Damocles todos los días. Las personas con discapacidad necesitan un tratamiento integral. No queremos hacernos las víctimas, pero es una situación que nos interpela a todos”.
En el ámbito legislativo, el proyecto del gobierno, que lleva la firma del titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, también ha sido cuestionado. Varios diputados, incluidos Daniel Arroyo y Gustavo Valdés, presentaron proyectos de ley para reafirmar la vigencia de la Ley 24.901, que actualmente regula estas prestaciones. Este movimiento está respaldado por la firma de Miguel Ángel Pichetto y más de 30 diputados que pidieron al Gobierno que no avance con el DNU, advirtiendo que eliminaría los beneficios actuales del sistema de prestaciones para personas con discapacidad.
“La ley tiene aspectos mejorables, y es cierto que las obras sociales y las prepagas vienen planteando problemas para hacerse cargo de los costos, pero desregular es dinamitar todo lo bueno, correr al Estado y que venga el mercado. Como siempre, empeoran las cosas en lugar de mejorarlas”, señalaron los legisladores.
El intento de desregular las prestaciones para personas con discapacidad representa un riesgo significativo para millones de argentinos que dependen de estos servicios. La movilización social y la resistencia legislativa reflejan la preocupación generalizada sobre las implicaciones de este decreto. Mantener la regulación estatal y buscar mejoras consensuadas parece ser el camino más prudente para garantizar la equidad y calidad en la atención de las personas con discapacidad en el país.
Fuente: Polìtica Argentina
