Aunque la vorágine de la vida argentina no lo visibilice adecuadamente, la ciudad de Córdoba está en una deriva institucional que resulta aberrante para un pueblo con tanta historia y cultura política. Desde el Bloque UCR del Concejo Deliberante venimos proponiéndole al peronismo cordobés, responsable absoluto de la burla que es hoy la institucionalidad de nuestra ciudad, una agenda que revierta las malas prácticas que han venido instalando en los años que llevan sentados en la silla del poder.
De fondo y como consecuencia de ese entramado viciado, tenemos la realidad palpable que no miente: un sistema de transporte bochornoso, el mosquito del dengue que hizo lo que quiso con la Farmacia Municipal cerrada desde hace un año, una Guardia Urbana que nació teñida de corrupción, funcionarios separados de sus cargos por violentos, dispensarios colapsados, barrios sin desagües expuestos a los destrozos de las inundaciones, precarización laboral, creación de cuevas en el Estado para beneficiar a los amigos, una situación casi de default financiero, entre tantos otros problemas acuciantes de nuestra ciudad.
El peronismo cordobés no supo ni quiso resolverlos. Se gastó una millonada histórica en la propaganda que necesitaba Llaryora para cumplir sus ambiciones personales. Allá fue, en redes, diarios, radios, TV y cartelería, y no en políticas públicas eficientes, el dinero de los vecinos.
La perspectiva institucional nos permite observar con nitidez que el objetivo del peronismo cordobés es que el poder continúe bajo el dominio de unas pocas manos. Si hay democracia y república reales, hay controles, hay diversidad, hay respeto por la ley. Pero ellos levantan la idea opuesta. Así se cargaron, en el orden provincial, la Legislatura, el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía General, la Fiscalía Anticorrupción, gran parte de la justicia y la prensa, entre otros. A sus ojos, nada ni nadie debe molestar a esta facción, que con Córdoba se comporta como su patrona.
Ese andamiaje es el núcleo a partir del cual se prepara el terreno para todos los desbarajustes que vivimos a diario. Luego de la provincia, le llegó el turno a la ciudad. Primero con Llaryora, ahora con Passerini: ya vamos por el quinto año de emergencia declarada en Córdoba, que le permite al Ejecutivo concentrar más poder, en desmedro del Concejo Deliberante. Más aún, durante los últimos meses nos vimos envueltos en una polémica increíble, esto es, si los concejales debíamos continuar con el régimen virtual de la pandemia, como quiere el Viceintendente
Javier Pretto; o si, por el contrario, considerábamos que ya era tiempo de sentarnos en nuestras bancas y trabajar por los vecinos, dando la cara como corresponde. El objetivo oficialista, que ya no pueden esconder, es garantizar como sea, desde donde sea, que el peronismo tenga siempre y de manera mecanizada, la mayoría automática, asegurada por la anticuada cláusula de gobernabilidad. Si con eso socavan y pisan el debate público del Concejo, a través del cual se expresa la ciudadanía, no importa.
Desde el Bloque UCR vamos a continuar dando la pelea en cuanto a la necesidad de la presencialidad plena de los concejales, para terminar con la vergüenza que es hoy la mecánica de trabajo del Concejo. El Viceintendente Pretto no tiene razones ni margen para no enderezar esta situación. Tampoco pudimos contar en el Concejo con la asistencia a nuestras sesiones del Secretario de Seguridad, Claudio Vignetta, ni el de Salud, Ariel Aleksandroff, quienes deben dar explicaciones, respectivamente, del fiasco que fue la compra irregular de los uniformes para
la Guardia Urbana (hecha a una empresa fantasma manejada por dos militantes peronistas sin experiencia alguna en el rubro), y del desastre del dengue, contra el que no sólo no hubo medida alguna de parte del municipio, sino que esta gestión, como la anterior, desbarató lo que se había progresado en la materia. Ambos debían acudir al Concejo, pero el propio Viceintendente Pretto manosea la Carta Orgánica y, de manera arbitraria, dice que la oposición no tiene el derecho a convocarlos, cuando su mismo artículo 66 lo dice expresamente. Exactamente el mismo comportamiento autoritario que el peronismo cordobés viene mostrando en la Legislatura.
Vinculado al tema de las contrataciones del Estado, hemos propuesto reducir el margen de discreción con el que se mueve hoy el Intendente. De ahora en más, los gastos mayores que realice el Ejecutivo tendrán que justificarse, sustanciarse, presentarse al ojo público y decidirse teniendo en cuenta el mejor provecho para los vecinos, no para los amigos del poder. No habrá más paraguas bajo los cuales puedan exceptuarse de seguir la normativa, como hicieron con los uniformes de la Guardia. Por otro lado, vamos a presentar el proyecto de “Fecha Cierta”, para que de ahora en más y como lo hacen ya muchas municipalidades, las elecciones de la ciudad estén determinadas para un domingo preciso. Con esto, el oficialismo no podrá volver a jugar con la especulación de la fecha, como hizo el año pasado en su abierta estrategia de lesionar la participación ciudadana.
Este tiempo histórico necesita de los actores públicos más compromiso, más entrega, más eficiencia, más transparencia. La forma de hacerlo es dándole más calidad a nuestras instituciones, a través de las cuales el pueblo maneja su propio destino. No vamos a permitir que Córdoba sea un feudo o un botín de los que circunstancialmente ocupando los puestos representativos. Es el mejor homenaje que podemos hacerle a la
democracia de nuestra ciudad. Sobre esas renovadas bases, con instituciones abiertas y convocantes, podremos revertir esta situación angustiante y conducir a Córdoba por el sendero del progreso.
Por el Abogado Sergio Piquillem
