El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, ha desencadenado una tormenta política con su postura aparentemente ambivalente sobre la polémica ley ómnibus. En medio de acusaciones de traición lanzadas por el oficialismo hacia ciertos gobernadores provinciales, Llaryora ha optado por un enfoque diplomático, respaldando la ley pero insistiendo en que debe ser elaborada con el consenso de las provincias.
Sin embargo, sus palabras han caído como una bomba en el fragor de la confrontación política, con el presidente del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, Oscar Zago, señalándolo como uno de los responsables de la vuelta de la ley a comisión. Zago no se detuvo ahí, también apuntó a los mandatarios de Santa Fe y Salta, Maximiliano Pullaro y Gustavo Sáenz, respectivamente.
Tras el revés sufrido por el oficialismo en la Cámara de Diputados, los ataques se han dirigido directamente hacia los gobernadores. Las acusaciones de traición han resonado desde la cuenta oficial de La Libertad Avanza, que denunció la supuesta maniobra en un tuit incendiario, y han sido amplificadas por legisladores como Oscar Zago y Agustín Romo.
Incluso la Oficina del Presidente ha entrado en la refriega, acusando a los gobernadores de “destruir la ley” y de haber traicionado a sus votantes. Las palabras de la Oficina del Presidente en Twitter han sido contundentes: “Llegaron a sus puestos y bancas levantando la bandera del cambio para hoy traicionar a sus votantes”.
La tensión no ha disminuido en absoluto, con La Libertad Avanza advirtiendo que “la traición se paga cara” y rechazando cualquier intento de los gobernadores de “extorsionar al pueblo para mantener sus privilegios”. La ley ómnibus, entonces, vuelve a ser un campo de batalla político, con las provincias en el epicentro de la tormenta.
Fuente: El Destape
