“Lo que busca la Justicia con esta causa es amedrentar al movimiento estudiantil que nos organizamos de forma independiente, busca avanzar en la criminalización de la protesta, y también sobre aquellos que defienden la educación pública”, dice a La Nueva Mañana, Franco Bergero, alumno del profesorado de historia y uno de los 27 estudiantes imputados en la causa por la toma de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) en 2018, en el marco de un conflicto nacional contra los recortes al sector educativo.
En el contexto de crisis de ese entonces, se tomaron alrededor de 57 unidades académicas a lo largo del país cuyo puntapié inicial se dio en Córdoba desde la Facultad de Artes, la primera medida de fuerza estudiantil cuando ya se venía llevando adelante una huelga docente por salarios. Fue así que por casi un mes y medio, a través de la Asamblea Interfacultades, se organizaron para dialogar en una mesa de negociación con las autoridades. En ese entonces con Hugo Juri y Ramón Pedro Yanzi como cabezas del rectorado.
La acusación
Hoy, casi cinco años después, Bergero y otros 20 estudiantes (seis de los alumnos originalmente imputados llegaron a un acuerdo con la fiscalía), fueron llamados este viernes a las 9 a una audiencia preliminar para avanzar en el proceso en el que están acusados de “usurpación por despojo”, cuya pena prevé tres años de prisión. Se trata de una causa colectiva donde están procesados quienes eran representantes en la Asamblea Interfacultades. La Justicia, en su momento, también imputó a una docente que luego fue sobreseída.
En Río Negro también se avanzó en la judicialización contra los estudiantes, pero finalmente los ocho imputados fueron sobreseídos y se cerró la causa. El proceso penal “no pudo acreditar que la protesta fue un delito”, señalaron los estudiantes tras quedar sin efecto la acusación.
Córdoba, la ciudad de la reforma estudiantil, sigue siendo entonces el único lugar donde la Justicia avanza en un proceso sin precedente. Es en ese marco, este viernes los estudiantes volverán a salir a las calles, en una convocatoria a las 8 frente a Tribunales Federales para respaldar a los acusados y repudiar que la causa avance a juicio. El reclamo es claro: piden la absolución.
“Para nosotros, todo este tiempo fue transitar la comprensión política de lo que significaba esta causa. Esto el amedrentamiento del movimiento estudiantil y de todo aquel que defienda la educación pública. Con esta causa, si hay condena, avanzarán en la criminalización de la protesta”, explica Bergero.
Franco Bergero: “Para nosotros, todo este tiempo fue transitar la comprensión política de lo que significaba esta causa: esto el amedrentamiento del movimiento estudiantil y de todo aquel que defienda la educación pública. Con esta causa, si hay condena, avanzarán en la criminalización de la protesta”.
LNM: ¿Por qué creés que se reactiva la causa ahora?
Franco Bergero: Avanza ahora porque las PASO dejaron un resultado reaccionario donde hay un combo: por un lado, está el ajuste que repercute en el empeoramiento de las condiciones de vida y particularmente en la educación. Los salarios de los docentes siguen siendo de miseria. Hay una gran deserción estudiantil producto de la falta de becas, de la falta de diferentes recursos para sostenerse en la universidad. Además, las PASO dejaron a Milei como principal candidato, donde la propuesta de él para la educación es de privatización, la “voucherización” y dejar de contemplar la educación como un derecho y que pasa a ser una mercancía”. En ese marco, la Justicia se sube a este combo y avanza en la reactivación del juicio contra nosotros, los estudiantes.
La audiencia
“A mí personalmente me ha sorprendido, una y otra vez, la dignidad con que estos pibes y pibas enfrentan la situación que atraviesan. Ellos tienen claro que acceder a un acuerdo es reconocer que cometieron un delito, pero no consideran que haya sucedido eso porque tienen claro que fue defender la educación pública”, dice a este medio Blanca Barreiro, de la Gremial de Abogados y parte del equipo de seis abogados que dirigidos por Carlos Orzaocoa, defienden a 15 de los estudiantes.
“Al acordar con la fiscalía es reconocer que se cometió un delito, aunque después no quede el antecedente, pero aceptar es reconocerle al poder algo que los chicos plantean que no cometieron”, dice la letrada y señala que la causa tiene una serie de irregularidades: “El auto de procesamiento, que es una resolución donde el fiscal dice por qué hay que procesar a los acusados, es nulo porque nunca se fijó el hecho. Es decir que no se estableció lo que pasó, cómo sucedió. Hasta ahora no sabemos qué acción se le imputa a cada quien y eso es no fijar el hecho. Este expediente tiene muchas desprolijidades y esto así parece más una decisión política que jurídica”.
“Buscan castigar estas iniciativas de lucha para que otros no sigan el ejemplo”, indica Barreiro y puntualiza que los conflictos universitarios nunca se resolvieron de este modo: “Siempre fue con los mecanismos que se disponen dentro de la universidad que es autónoma. Acá sacaron el conflicto de ese marco y metieron al poder judicial”, cierra.
Fuente: La Nueva Mañana
