Un fuerte escándalo sacude a la ANSES luego de que trascendieran denuncias por presuntos sobreprecios cercanos a los 2.000 millones de pesos en la contratación de empresas encargadas del servicio de limpieza en dependencias del organismo previsional. El caso genera tensión política y abre interrogantes sobre los mecanismos de control del gasto público en una de las instituciones más sensibles del Estado argentino.
Según la denuncia, las irregularidades estarían vinculadas a licitaciones y contrataciones que habrían sido adjudicadas con valores muy superiores a los precios de mercado. Las sospechas apuntan a que el organismo habría pagado montos desproporcionados por servicios básicos de mantenimiento e higiene en distintas sedes, lo que encendió alarmas tanto en sectores políticos como en ámbitos administrativos que reclaman explicaciones urgentes.
El caso adquiere mayor gravedad por el rol central que cumple ANSES en la gestión de jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales, administrando recursos clave del sistema previsional argentino. Por ese motivo, las acusaciones generaron críticas sobre el manejo de fondos públicos y cuestionamientos acerca de las prioridades en el uso del presupuesto estatal, especialmente en un contexto de ajuste fiscal y debate por el gasto público.
Las denuncias también plantean dudas sobre los mecanismos de control interno y auditoría dentro del organismo. Sectores que impulsan la investigación sostienen que los contratos habrían sido otorgados bajo condiciones poco transparentes o con criterios de selección cuestionados, lo que podría derivar en pedidos de informes, investigaciones administrativas o incluso acciones judiciales si se confirman las irregularidades.
El episodio se inscribe en un clima político marcado por fuertes disputas sobre la gestión del Estado, el control del gasto y la transparencia en las contrataciones públicas. En ese marco, el presunto caso de sobreprecios en ANSES se convirtió rápidamente en un foco de tensión que promete escalar en la agenda política y mediática en los próximos días.
Mientras tanto, desde distintos sectores se exige que el organismo brinde explicaciones claras sobre los contratos cuestionados y que se determine si existió o no perjuicio para las arcas públicas. La evolución del caso podría tener impacto institucional, administrativo y político, dependiendo de lo que arrojen las investigaciones.
Fuente: LPO
