El Gobierno dio lugar a los reclamos de la oposición “amigable” y envió al Congreso un nuevo proyecto de Ley Ómnibus que contempla modificaciones con intención de aprobar el grueso de los cambios presentados.
Según el documento entre las principales variaciones, el Poder Ejecutivo acepta eliminar YPF del listado de empresas a privatizar y para las firmas Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa.
Por otra parte, la administración accedió al reclamo de los gobernadores por lo que limitó las retenciones a las economías regionales a cero. “Se establecen en 0% para las economías regionales. A su vez, se elimina la facultad del Poder Ejecutivo de poder subir los derechos de exportación. Solamente se mantiene la facultad para poder reducirlas”, reza el nuevo artículo.
Además, se compromete mantener la fórmula previsional hasta abril y luego comenzará una actualización automática por inflación mensual en base al último dato de inflación disponible del INDEC.
Si bien se trata de un borrador, redactado de forma coloquial, que se presentó a los jefes de bloques, el Gobierno apuesta a conquistar el respaldo del sector de la oposición dialoguista, quienes por estas horas analizan en detalle los cambios.
Tras las críticas generadas luego de la presentación del primer proyecto denominado “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, mejor conocida como Ley Ómnibus, el presidente Javier Milei dispuso dar lugar a los reclamos.
“Bienvenido este debate. Es sano exponer los privilegios de unos pocos, es sano mover nuestro marco normativo hacia adelante modificando cosas que el tiempo había enquistado. También es sano escuchar, corregir, aprender. Todo esto y mucho más ocurrió durante este debate”, reza en la letra del documento que contempla las correcciones y que pasó de 664 artículos a 523.
El mandatario dio el visto bueno para posponer una serie de temáticas contempladas en el texto original a ser tratada a partir de marzo, en el período de sesiones ordinarias, entre los que destacan los cambios en la ley de sociedades, la discusión sobre el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad, los temas de salud mental y de la reforma electoral (secciones uninominales, el futuro de las PASO y el régimen de partidos políticos).
Plazos de emergencia, blanqueo de capitales y cambios en el financiamiento de la cultura.
Desde la administración libertaria optaron por reducir a un año las delegaciones legislativas con opción de prorrogar por un año más con aprobación del Congreso.
De acuerdo a los cambios en el blanqueo de capitales, el proyecto estableció que “1) los sujetos no residentes que adhieran al presente Régimen de Regulación de Activos no podrán declarar bienes que se encuentren en posesión, anotados, registrados o depositados a nombre de terceros; 2) Se incorpora como sujetos excluidos a los funcionarios que se hayan desempeñado en el rol en los últimos 5 años; 3) Se excluye a los agentes de retención con procesamiento firme, y 4) Se define que lo producido del Impuesto Especial de Regularización se destinará a la capitalización del Banco Central de la República Argentina”.
Sobre las reuniones de tres personas, el Gobierno decidió eliminar el polémico artículo 331 de la ley ómnibus: establecía que se debía pedir autorización para una manifestación y definía que se trataba de la “congregación intencional y temporal de tres o más personas en un espacio público”.
En cuanto a la Reforma electoral, los artículos se eliminaron del proyecto y se dará en sesiones ordinarias el debate de las circunscripciones uninominales, las PASO y la actualización de la composición de la Cámara de Diputados.
Respecto a los Blanqueo de capitales, en el nuevo proyecto se establece que los sujetos no residentes que adhieran al Régimen de Regulación de Activos no podrán declarar bienes que se encuentren a nombre de terceros. Quedan excluidos del blanqueo los funcionarios que se hayan desempeñado en el rol en los últimos 5 años.
Se establece que lo recaudado por Impuesto Especial de Regularización se destinará a la capitalización del Banco Central.
Sobre el Código Civil y Comercial, el Gobierno debió retirar su intención de modificar sustancialmente el Código Civil y Comercial. Se eliminaron de la Ley las modificaciones a los artículos 804, 887, 888, 911, 912, 994, 1002, 1004, 1011, 1014, 1056, 1082, 1528, 1539, 1641, 1642, 1643, 1649, 1741, 1754, 1796, 2000, 2038, 2047, 2089, 2207, 2331, 2332, 2333, 2334, 2468, 2542 y 2546.
Se mantiene el capítulo de contratos “solo a los fines de acrecentar la libertad económica de las partes”.
En cuanto a la Pesca, se retira la palabra “internacional” del sistema de asignación de cuotas pesqueras, que había generado el rechazo del sector y de los gobernadores patagónicos.
Sobre el INCAA, se deroga la modificación del artículo 21 y se mantiene la asignación específica para el Instituto Nacional De Cine Y Artes Audiovisuales, que seguiría recibiendo un monto de recursos de manera automática.
Respecto al Fondo Nacional de las Artes, se deja de propiciar su cierre y se propone “explorar mecanismos para que su ecuación económica sea más favorable a la comunidad artística”. Los directores deberán ser ad-honorem y los gastos no pueden representar más del 20% de sus ingresos.
Sobre INAMU y Conabip, se restringen los gastos del INAMU y Conabip a que no sean mayores al 20% de sus ingresos, sin proponer otros cambios de estructura.
Fuente: La Nueva Mañana