Carolina Moisés: “Gerardo Morales es un dictador en Jujuy que se hace el progresista en Buenos Aires”

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“Tenemos elementos que son detonantes de la situación. El primero es la convención constituyente que está modificando la Constitución a puertas cerradas. Empezó hace tres semanas y tienen programado empezar hoy la redacción”, comentó Moisés.






Luego, puntualizó: “Han limitado la participación a algunos invitados nada más. Han escondido el texto de la reforma. Porque recién la semana pasada han hecho público el texto, dieron tres días de debate”.

El problema es que el texto, para la diputada, contiene “barbaridades”. Por ejemplo, que “amenaza” con avanzar sobre las tierras de comunidades aborígenes, para que ya no puedan hacer uso de esos territorios.

Además, Moisés señaló: “Es una Constitución que restringe libertades. Elimina organismos de control y crea nuevos dominados por el Poder Ejecutivo. Además, modifica el código electoral. Los acuerdos democráticos. Y pretende tener una mayoría automática de legisladores provinciales”.

Por eso, destacó que en este contexto toda la sociedad, con los docentes a la cabeza, esté en constante movilización para denunciar las duras consecuencias de esta reforma.

“Los docentes han levantado la bandera. A los docentes les pagan el 50 por ciento del sueldo en negro. Llevamos un atraso salarial general. Tenemos la administración pública peor paga del país. Jujuy es la provincia con los sueldos más atrasados”, explicó.

Y añadió: “Los docentes están sosteniendo una lucha admirable. Porque fueron masivas las machas y fueron totalmente pacíficas. Fue con un apoyo social de todos los sectores. La gente los acompaña”.

Por eso, finalmente apuntó: “Gerardo Morales se hace el progresista en Buenos Aires, pero acá es un dictador. Como radical tiene un discurso superdemócrata”. 

Qué dice el proyecto de reforma constitucional de Gerardo Morales

El proyecto de reforma del oficialismo jujeño confirmó las previsiones en cuanto al recorte de derechos. Propone modificaciones en 193 de los 212 artículos que tiene la Constitución vigente, aprobada en 1986.

Sistema electoral: elimina las elecciones de medio término, dado que plantea un nuevo texto para el punto 2 del artículo 106, que quedará así: “La Legislatura se renovará en forma total cada cuatro años, pudiendo sus miembros ser reelectos por un periodo consecutivo. Cumplido el mismo, no podrán ser reelegidos sucesivamente sino con un intervalo legal”. El punto 2 original establece expresamente la renovación parcial de la Legislatura cada dos años.

Además, establece que “el partido que obtenga la mayoría de votos en las elecciones para Gobernador (obtendrá) la mitad más uno de las bancas de la Legislatura“.

Otra cuestión que genera preocupación es que, bajo el título “Derecho a la Paz Social y la Convivencia Democrática Pacífica”, prevé “la expresa prohibición de cortes totales de calles y cortes de ruta, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de los habitantes de la provincia y sus consecuencias legales”; “la responsabilidad política y jurídica de aquellos representantes y funcionarios públicos que incentiven, inciten, impulsen o promuevan, por acción u omisión, el surgimiento de grupos que vulneren la paz social y la convivencia democrática pacífica”.

Además, se cuestiona que el proyecto lesiona derechos de los pueblos indígenas. En primer lugar, la reforma se lleva a cabo sin la consulta previa, libre e informada. Pero también los pone en situación aún más vulnerable en los conflictos territoriales que enfrentan, generalmente con titulares registrales. 

El oficialismo impulsa la incorporación de dos puntos al artículo 36, “derecho a la propiedad privada“, para incorporar “mecanismos y vías rápidas y expeditivas que protejan la propiedad privada y restablezcan cualquier alteración en la posesión, uso y goce de los bienes a favor de su titular“. Y establecer que se considerará “grave violación al derecho de propiedad la ocupación no consentida” e impulsar la sanción de una ley especial que determine “las condiciones para el desalojo y para que el o los titulares del derecho de propiedad afectado estén en condiciones de ejercer los derechos que les asisten de manera inmediata, aun cuando los autores de la ocupación no consentida se atribuyan la representación o los derechos del pueblo”.

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