El colectivo Actrices Argentinas presentó una carta dirigida a las autoridades del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades para solicitar su intervención formal en el caso de Flavia Saganías, quien en 2017 denunció a su expareja de haber abusado sexualmente de su hija de 6 años y dos años más tarde, tras haber difundido el caso en redes sociales, fue condenada a 23 años de prisión por tentativa de homicidio y otros delitos.
En el texto que fue difundido, la organización solicita a la cartera oficial, encabezada por Elizabeth Gómez Alcorta, “que cumpla con las competencias y obligaciones que le dieron origen y fundamentan su existencia” y que “intervenga ante la gravedad de las violencias a las que el Estado somete a una madre protectora”.
Además, en relación con el caso, consideraron que la pena impuesta a la mujer “muestra una desproporcionalidad entre el delito (que, reiteran, no cometió) y la condena, entendiendo a la misma como muestra patente de la obscenidad y del propósito disciplinador que se persigue”.
“Se la acusó de forma infundada de ser la autora intelectual de las agresiones que sufrió Gabriel Fernández, el violador de su hija, y se la condenó por haberse atrevido a denunciar el abuso sexual a la infancia al que una de sus hijas sobrevivió, siendo además de su derecho, una obligación en materia de niñez”, agrega la carta.
En ese sentido, el colectivo se pregunta: “¿Qué tendría que haber hecho una madre ante la necesidad y la obligación de exigir justicia? ¿Alguien se detuvo a pensar el efecto disciplinador que este accionar institucional tiene sobre la niña, en su desarrollo y en la posibilidad de desplegar su capacidad de autonomía, de defenderse y relevarse ante el rol sumiso que la sociedad pretende para las personas que somos subalternizadas por el patriarcado?”.
“Consideramos urgente el posicionamiento e intervención del Ministerio y sus representantes para sumarse a la exigencia por la absolución para Flavia. Consideramos que este pedido es urgente y pertinente en función de las obligaciones asumidas por el Estado, ante las que este Ministerio es el encargado de trabajar para garantizar su implementación”, señala también el texto en base a sus evaluaciones sobre las fallas en el proceso judicial del caso.
Por último, desde Actrices Argentinas reiteraron que “la denuncia social es un derecho público y es también el derecho a la comunicación”, y que “no puede haber una madre protectora más criminalizada ni condenada por denunciar, por haber cumplido con su deber de velar ante los derechos de su hijo”.
